Santo Domingo.- El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Tito Hernández, advirtió este jueves que República Dominicana no está preparada para enfrentar una apertura total de su mercado del arroz y alertó sobre los posibles efectos para miles de productores nacionales.
Hernández se refirió a la solicitud de Estados Unidos para que República Dominicana derogue el Decreto 693-24, medida que, según explicó, está relacionada con las condiciones de acceso al mercado dominicano establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta).
El dirigente agropecuario sostuvo que el país tuvo cerca de dos décadas para preparar al sector arrocero ante la apertura comercial, pero consideró que no se realizaron a la escala necesaria las inversiones destinadas a modernizar los sistemas de riego, reducir los costos de producción, mejorar las variedades, fortalecer la investigación y ampliar el acceso al financiamiento.
«No lo hicimos», afirmó Hernández, quien atribuyó esa situación al Estado y a las distintas administraciones que gobernaron durante ese período.
A su juicio, una eliminación de la protección,establecida mediante el Decreto 693-24 expondría a los productores dominicanos a una competencia desigual frente al arroz estadounidense, debido a las diferencias en materia de tecnificación, economías de escala, financiamiento y apoyo al sector agrícola.
Hernández estimó que la medida podría afectar a unos 30.000 productores, entre 1,3 y 1,5 millones de tareas cultivadas y una producción cercana a 14,8 millones de quintales de arroz. También señaló que la cadena arrocera mueve, según sus cálculos, más de 45.000 millones de pesos dominicanos al año.
El presidente de la ANPA advirtió de que una apertura repentina podría provocar una reducción de los precios pagados a los productores, acumulación de cosechas, aumento del endeudamiento y disminución de las áreas destinadas al cultivo.
También expresó preocupación por una eventual reducción de la producción nacional y una mayor dependencia de las importaciones para garantizar el suministro de uno de los principales alimentos de la población dominicana.
Aunque reconoció que una mayor entrada de arroz importado podría generar una reducción de precios para los consumidores, Hernández señaló que no existe garantía de que una disminución de los costos de importación se traslade de manera íntegra y permanente al precio final.
«Podríamos terminar debilitando o destruyendo al productor dominicano sin que necesariamente el consumidor reciba un beneficio permanente y proporcional», afirmó.
El dirigente consideró además que una mayor dependencia de las importaciones dejaría al país más expuesto a variaciones de los precios internacionales, problemas logísticos, fenómenos climáticos y decisiones de los países exportadores.
Propuesta de diálogo
Ante este escenario, Hernández propuso al presidente dominicano, Luis Abinader, convocar una mesa nacional del arroz con la participación del Gobierno, productores, profesionales agropecuarios, factorías, el Banco Agrícola, universidades y centros de investigación.
También planteó realizar un estudio independiente sobre los posibles efectos económicos, sociales y alimentarios de la apertura del mercado, además de negociar con Estados Unidos un período de transición acompañado de mecanismos de salvaguardia y medidas de compensación para los productores que pudieran resultar afectados.
Como parte de sus propuestas, el presidente de la ANPA sugirió crear un Programa Nacional de Competitividad Arrocera que permita reducir los costos de producción, modernizar los sistemas de riego, fortalecer la investigación y mejorar las condiciones de financiamiento y seguro agropecuario.
Hernández aclaró que su posición no supone un rechazo al comercio internacional ni al cumplimiento de los acuerdos suscritos por República Dominicana.
«No estamos en contra del comercio ni del cumplimiento de los acuerdos internacionales. Estamos en contra de que se sacrifique al productor dominicano para pagar las consecuencias de veinte años de falta de preparación», manifestó.
El dirigente concluyó que cualquier decisión sobre la apertura del mercado debe estar acompañada de medidas que permitan fortalecer la producción nacional y evitar que los costos del proceso recaigan exclusivamente sobre los productores dominicanos.